La politización de una institución antifraude: el caso de la Agencia Valenciana Antifraude

La politización de una institución antifraude: el caso de la Agencia Valenciana Antifraude
La lucha contra la corrupción es una de las tareas más complejas y fundamentales en cualquier democracia. La independencia de las instituciones encargadas de velar por la transparencia es un pilar esencial para garantizar su eficacia. Sin embargo, en 2024, la Comunidad Valenciana ha sido testigo de un proceso de politización que ha socavado una de sus herramientas más efectivas en la lucha contra la corrupción: la Agencia Valenciana Antifraude (Avaf).
Un organismo creado para proteger la transparencia
La Avaf nació con el objetivo de investigar y prevenir la corrupción en la administración pública, protegiendo a los denunciantes y colaborando con la Fiscalía Anticorrupción. Su creación fue considerada un hito en la transparencia institucional y, de hecho, la Comisión Europea la señaló como un modelo a seguir.
Bajo la dirección de Joan Llinares, la Avaf demostró su utilidad en diversos casos de corrupción, contribuyendo de manera significativa a la detección de irregularidades en la gestión pública. Su trabajo no estuvo exento de resistencias, ya que el órgano se convirtió en un obstáculo para quienes veían amenazados sus intereses.
El proceso de politización
El proceso de degradación institucional comenzó con el nombramiento de un nuevo director afín a los intereses políticos de quienes controlaban Les Corts Valencianes. En un primer intento, las entidades cívicas lograron evitar el nombramiento de un candidato fraudulento mediante un escrito en Les Corts, que fue respaldado por sus letrados. Sin embargo, tras la anulación de este procedimiento, un segundo proceso permitió que la mayoría de PP y Vox en el parlamento autonómico impusiera su propio candidato.
Las consecuencias de esta decisión no tardaron en hacerse evidentes: desde su llegada en julio de 2024, la nueva dirección de la Avaf ha desmantelado la estructura interna de la agencia. Se ha prescindido de los funcionarios más experimentados, reducido al mínimo su actividad y, lo más grave, se ha roto la colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, que era una de sus funciones más efectivas.
Eliminación del comité de ética: el golpe final
Un paso clave en la estrategia de debilitamiento de la Avaf ha sido la eliminación de su comité de ética, que tenía la responsabilidad de supervisar la aplicación del código de conducta dentro de la agencia. La decisión fue tomada antes de que el comité resolviera cuatro denuncias internas pendientes, lo que deja en evidencia la intención de eliminar mecanismos de control y garantizar impunidad para la nueva gestión.
Consecuencias y reacción de la sociedad civil
El debilitamiento de la Avaf no ha pasado desapercibido. Diversas organizaciones cívicas, como Acción Cívica, Fundación por la Justicia y Fundación Hay Derecho, han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia la resolución que elimina el código ético y su comité de supervisión. Este recurso ha sido admitido a trámite, lo que abre una vía para revertir al menos parte del daño infligido.
A pesar de la gravedad de la situación, la politización de una institución antifraude no es un fenómeno exclusivo de la Comunidad Valenciana. La intromisión política en organismos de fiscalización es una tendencia preocupante que debilita la lucha contra la corrupción y mina la confianza ciudadana en las instituciones.
La Avaf fue concebida como una herramienta independiente para combatir la corrupción, pero ha sido convertida en un órgano subordinado a intereses políticos. Esta situación refuerza la necesidad de dotar a los organismos antifraude de una garantía real de independencia, blindándolos contra injerencias partidistas. Si la sociedad permite que instituciones como la Avaf sean manipuladas, el combate contra la corrupción se convierte en una mera ilusión.
Es fundamental que la ciudadanía se mantenga vigilante y exija una política de transparencia real, donde las instituciones encargadas de velar por la justicia y la rendición de cuentas no sean utilizadas como herramientas al servicio de quienes buscan perpetuarse en el poder.