El gran hermano digital: Cómo España disfraza la censura de “Gobernanza democrática”

Una ley que promete democracia pero entrega control estatal absoluto sobre medios y plataformas digitales

El engaño del título

Buscando documentación sobre legislación actual sobre gobernanza digital topé con este titular en una nota de prensa del ministerio: “El Gobierno aprueba el anteproyecto de ley que impulsa la gobernanza democrática en servicios digitales y crea el registro de medios de comunicación“. Vaya qué suerte -pensé. La realidad del contenido distaba mucho de la promesa de su título.

En febrero de 2025, el gobierno español aprobó lo que pomposamente denominó “Anteproyecto de ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación”. En julio, ya lo remitió al Congreso como proyecto de ley.

El título suena progresista, casi utópico. ¿Quién se opondría a mejorar la “gobernanza democrática”? Pero cuando analizas el contenido real, descubres una realidad muy distinta: una sofisticada maquinaria de control estatal disfrazada de protección ciudadana.

Lo que realmente regula

1. El registro de la vigilancia

La ley crea un registro obligatorio donde todos los medios de comunicación deben inscribirse y declarar:

  • Estructura de propiedad completa: Quién los posee, hasta el último accionista
  • Fuentes de financiación: Especialmente ingresos de publicidad institucional
  • Datos de audiencia: Para saber exactamente su influencia
  • Titulares reales: Cualquiera que supere el 25% de participación

Este registro será “de libre acceso para consulta pública”, lo que significa que el gobierno (y cualquier grupo de presión) tendrá acceso completo a información sensible sobre la independencia financiera de cada medio. Bueno, esto en principio no me parece del todo mal.

2. La CNMC: El nuevo ministerio de la verdad

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se convierte en el gran hermano del ecosistema digital, con poderes para:

  • Supervisar y sancionar plataformas digitales
  • Evaluar concentraciones de medios (decidir qué fusiones son “peligrosas” para el pluralismo)
  • Controlar contenidos mediante canales de denuncia obligatorios
  • Imponer multas de hasta el 6% del volumen de negocio anual mundial

3. Control de algoritmos y contenidos

Las plataformas digitales deberán:

  • Proporcionar transparencia total sobre sus algoritmos de recomendación
  • Establecer canales de denuncia de contenidos “ilícitos” (¿quién define qué es ilícito?)
  • Cumplir con medidas de protección de menores (el pretexto eterno para la censura)
  • Someterse a inspecciones regulares del regulador

El pretexto europeo

El gobierno justifica toda esta arquitectura de control citando dos reglamentos europeos:

  • Reglamento Europeo de servicios digitales (2022/2065)
  • Reglamento Europeo sobre libertad de medios (2024/1083)

Pero aquí está el truco: España va mucho más allá de lo que exigen estas normativas europeas. Utiliza el marco europeo como excusa para crear un sistema de vigilancia mucho más invasivo.

Los riesgos reales

Para los medios independientes

¿Qué medio independiente querrá revelar públicamente todas sus fuentes de financiación? ¿Qué inversores privados querrán financiar medios sabiendo que serán sometidos a escrutinio público constante?

El mensaje es claro: solo sobrevivirán los medios que dependan del Estado o que sean tan grandes que puedan resistir la presión regulatoria.

Para las plataformas digitales

Las multas del 6% del volumen de negocio pueden destruir empresas. Este poder de vida o muerte económica convierte a la CNMC en un arma política formidable.

Para la libertad de expresión

Los “canales de denuncia obligatorios” crearán un sistema de censura preventiva. Las plataformas, para evitar sanciones millonarias, optarán por la autocensura masiva.

La paradoja orwelliana

George Orwell habría apreciado la ironía: una ley que:

  • Centraliza el control y la llaman “descentralización democrática”
  • Crea registros de vigilancia y los presenta como “transparencia”
  • Establece canales de denuncia y los vende como “protección ciudadana”
  • Amenaza con multas millonarias y lo justifica como “defensa de la democracia”

El proyecto ya fue enviado al Congreso y está en tramitación parlamentaria. Incluso la propia CNMC, que recibirá estos nuevos poderes, ha pedido más recursos para ejercer estas competencias, lo que demuestra la magnitud del aparato de control que se está creando.

La alternativa real

Si realmente quisieran promover una “gobernanza democrática”, estarían hablando de: (lo que yo realmente esperaba del titular)

  • DAOs políticas y organizaciones descentralizadas
  • Tecnología blockchain para transparencia real
  • Participación ciudadana directa en la toma de decisiones
  • Descentralización del poder, no su concentración

Pero no. En su lugar, nos dan más Estado, más control, más burocracia disfrazada de innovación.

Conclusión: El futuro distópico ya está aquí

Esta ley es un manual perfecto de cómo destruir la libertad de expresión mientras finges protegerla. Es el triunfo del doblepensar: Guerra es Paz, Libertad es Esclavitud, Censura es Democracia.

España se dirige hacia un modelo donde solo existirán:

  1. Medios estatales o financiados por el Estado
  2. Grandes corporaciones que puedan permitirse el cumplimiento regulatorio
  3. Plataformas autocensuradas por miedo a las sanciones

Los medios independientes, las voces críticas y la verdadera diversidad informativa serán las víctimas colaterales de esta “mejora de la gobernanza democrática”.

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