El reloj de la burocracia hace tIc, tAc

Hay una conversación que no está ocurriendo. O mejor dicho: no está ocurriendo en los sitios donde debería ocurrir. No en el Congreso. No en las mesas de negociación sindical. No en los programas electorales. Y desde luego, no en los telediarios.

La pregunta es sencilla: ¿qué va a pasar con los millones de empleados de la administración pública española cuando la IA automatice una parte sustancial de su trabajo?

El elefante en la sala

Los números ya están encima de la mesa. Esade publicó en 2025 un estudio exhaustivo con una conclusión que debería estar en portada de todos los periódicos: el 76% de los trabajadores públicos tiene tareas donde la IA generativa puede automatizar entre el 10% y más de la mitad de su trabajo. El ahorro potencial en productividad roza los 7.000 millones de euros anuales.

Es lo que ya está pasando en el sector privado. Las empresas están reorganizando equipos, automatizando procesos y, sí, prescindiendo de perfiles que hace tres años eran imprescindibles. La diferencia es que el sector privado tiene un mecanismo brutal pero real de adaptación: el mercado. O te transformas o desapareces.

El sector público no tiene ese mecanismo. Y ahí empieza el problema. Un gran problema que irá creciendo.

La propuesta razonable

Nadie está pidiendo despedir funcionarios. Eso no es ni deseable ni necesario. Pero hay algo mucho más sencillo, mucho más justo y que no requiere tocar un solo contrato existente: cuando alguien se jubile, no sustituirlo por otra persona. Sustituirlo por IA.

Es la transición más ordenada, humana y eficiente que se puede imaginar. Sin conflicto social. Sin drama. Sin sindicatos en pie de guerra. Solo dejar que la demografía y la tecnología hagan su trabajo, de forma planificada y consciente.

El problema es que eso tampoco está pasando. Al contrario. Cada ciclo electoral trae consigo una nueva tanda de plazas en oposiciones públicas. Porque las oposiciones no son solo una herramienta de gestión del Estado: son política de empleo encubierta. Son votos. Son un mecanismo clientelar perfectamente engrasado que ningún partido, ni de izquierdas ni de derechas, tiene incentivo real para desmontar.

El conflicto que se está cocinando

Aquí es donde la pasividad deja de ser solo un problema de eficiencia y se convierte en una bomba de relojería social.

Lo que va a pasar si nadie conduce esto activamente es lo peor de los dos mundos. El sector privado seguirá transformándose a toda velocidad. Los ciudadanos experimentarán en su vida cotidiana una brecha cada vez más absurda: aplicaciones privadas que resuelven en segundos lo que la ventanilla de su ayuntamiento tarda semanas. Servicios digitales ágiles frente a trámites kafkianos. Un Estado que paga nóminas para gestionar procesos que una IA haría mejor, más rápido y más barato.

Esa brecha crea frustración. La frustración, cuando no tiene cauce político inteligente, crea rabia. Y la rabia es el caldo de cultivo ideal para el discurso populista de “hay que limpiar el Estado”, que no llega con un plan de transición ordenada sino con una motosierra.

Ya hemos visto esa película en otros países. El problema no es la motosierra en sí: es que llega porque nadie quiso coger el bisturí a tiempo.

Lo que debería estar pasando ahora mismo

Una política pública seria ante este escenario requeriría, como mínimo, tres cosas:

Primero, un mapa honesto. Qué puestos, en qué administraciones, hacen qué tareas que son automatizables. No para amenazar a nadie, sino para saber de qué estamos hablando. Ese mapa no existe públicamente.

Segundo, una moratoria de convocatorias en las categorías más expuestas a la automatización. No un recorte. Una pausa inteligente mientras se diseña el nuevo modelo. Nadie pierde su plaza. Simplemente se deja de crear plazas que en diez años no van a tener sentido.

Tercero, un debate público real. Con sindicatos, con ciudadanos, con expertos. No el debate de “la IA va a mejorar la atención al ciudadano” que es la versión oficial y eufemística. El debate de verdad: qué Estado queremos en 2035, cuántas personas necesita ese Estado para funcionar, y cómo llegamos ahí de forma justa.

El coste del silencio

Mientras ese debate no ocurre, el reloj sigue corriendo. Cada oposición convocada es una promesa de empleo que el Estado va a tener que sostener durante treinta años, en puestos que pueden no tener sentido en quince (seguramente mucho menos). Cada año de parálisis es un año menos de margen para una transición ordenada.

La pasividad política no es neutral. Tiene un coste. Y ese coste lo acabamos pagando todos, en forma de un Estado menos eficiente, una deuda más alta, y tarde o temprano, un conflicto social que alguien recogerá para sus propios fines. La IA va a transformar la administración pública, eso ya está decidido. La cuestión es si esa transformación la vamos a gestionar nosotros, o nos la van a gestionar otros. Si se va a hacer de forma inteligente y ordenada, o si será un caos dramático.

La brecha entre lo público y lo privado no es nueva. Ya ocurrió con la informática, con internet, con la digitalización. El Estado siempre llegó tarde, siempre acabó adaptándose, y el mundo siguió girando. Pero esta vez es diferente, cualitativamente diferente. Porque en todas las revoluciones tecnológicas anteriores, el ciudadano no tenía alternativa: para renovar el DNI, pagar impuestos o gestionar una herencia, dependía del Estado sí o sí. La IA rompe esa lógica. Por primera vez en la historia, la distancia entre lo que puede hacer un sistema privado inteligente y lo que ofrece una ventanilla pública va a ser tan visible, tan cotidiana y tan ridícula, que va a erosionar algo mucho más profundo que la eficiencia: va a erosionar la legitimidad. Un Estado que tarda 39 días en registrar una empresa cuando una IA lo podría hacer en minutos no es solo un Estado lento. Es un Estado que empieza a parecer innecesario. Y cuando los ciudadanos empiezan a ver el Estado como un obstáculo en lugar de como un servicio, las consecuencias políticas no se quedan en la gestión pública. Se convierten en el argumento perfecto para quienes quieren desmantelarlo todo. Esa es la verdadera urgencia.

¿De qué puestos hablamos exactamente?

El Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado, unos 40.000 funcionarios cuyo trabajo central es introducir datos, gestionar documentos y atender consultas de trámite, es el ejemplo más obvio. Pero la lista es mucho más larga.

Los operadores de atención telefónica de la Seguridad Social, la AEAT o el SEPE, que responden las mismas 200 preguntas en bucle. Los tramitadores de expedientes en ayuntamientos y comunidades autónomas, que procesan solicitudes de licencias, subvenciones o empadronamientos siguiendo procedimientos reglados paso a paso. Los técnicos de nóminas y contabilidad básica en organismos públicos. El personal de archivo y registro. Los notificadores. Los perfiles de back-office administrativo en sanidad, educación y justicia, que no tocan al paciente, al alumno ni al expediente judicial, sino el papeleo que los rodea. La lista continúa con un etcétera tan largo como la lista de detractores que aparecerán cuando alguien intente implantarlo. Sindicalistas, cargos intermedios y políticos de todo signo que defenderán, con el lenguaje de siempre, puestos que en el mejor de los casos son ineficientes y en el peor son simplemente innecesarios.

No estamos hablando de casos marginales. Estamos hablando de cientos de miles de puestos cuya función principal, es exactamente lo que la IA generativa y la automatización ya hace mejor y más rápido.